COAG exige al Gobierno que Lactalis apueste de forma prioritaria por la producción láctea de nuestro país.

Madrid, 9 de marzo 2010. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) muestra su preocupación ante la compra de Puleva Foods, división láctea del grupo Ebro Puleva, por la multinacional francesa Lactalis. Tras esta nueva adquisición, (que se suma a la compra de Forlasa del pasado mes),  el grupo francés se convierte en el líder del mercado de leche líquida y queso en España, con las negativas repercusiones que esta situación puede tener para nuestros ganaderos.

España tiene una cuota de producción láctea de 6 millones de toneladas mientras que el consumo es de 9 millones. Es necesario comprar leche de otros países, fundamentalmente de Francia y Portugal, para abastecer el mercado interno. Sin embargo, las industrias lácteas han utilizado este déficit para introducir más leche foránea de la necesaria y presionar a la baja los precios de la leche en el campo. Esta situación ha provocado la expulsión de miles de pequeños y medianos ganaderos que, ante unos precios que no cubren costes de producción, han tenido que echar el cierre. Los datos son más elocuentes; en 1994, existían en España 140.000 explotaciones lácteas. Hoy, sólo quedan 23.000.

Con el nuevo “rey” lácteo de capital francés, los excedentes a bajo precio del país galo, (que tiene una cuota de producción de 25 millones de toneladas,  muy por encima de su consumo interno),  tendrán un nuevo aliado que,  encima, habla el mismo idioma. Además, se aumenta la concentración y oligopolio de la industria láctea, con el consiguiente aumento de poder respecto al eslabón más débil de la cadena, el de la producción.  Asimismo, conviene recordar que la mayoría de los grandes grupos de distribución son de capital francés, por lo que todos los eslabones de la cadena de valor de la leche, a excepción de parte de la producción, quedarán bajo el control del país vecino.

COAG afirma que hubiese sido deseable un mayor esfuerzo e implicación de nuestro Gobierno para facilitar que Puleva Foods hubiera quedado en manos de alguna empresa de capital español,  más vinculados al tejido productivo autóctono. En este sentido, desde COAG se exige a al Ejecutivo más información sobre la operación y la garantía de que el gigante lácteo apueste de forma prioritaria por la producción láctea de nuestro país.

Agricultores de frutas y hortalizas de las principales zonas productoras han programado una concentración en Granada para el próximo 8 de marzo, coincidiendo con la celebración de la cumbre Unión Europea-Marruecos, para protestar contra la renovación del acuerdo comercial europeo-marroquí.

Así lo han anunciado hoy en rueda de prensa los representantes granadinos de ASAJA, COAG y UPA, que han vuelto a denunciar que “los tomates, los pimientos y todas las hortalizas están por los suelos”, en palabras de Miguel Monferrer, secretario provincial de COAG, por la falta de precios en origen.

La situación se ha agravado por los incumplimientos de las cantidades de productos importados de Marruecos en virtud de un acuerdo de comercialización cuya renovación se ha fraguado a finales de 2009 tras más de tres años de negociación, como ha recordado Nicolás Chica, de UPA.

Entre las reivindicaciones que llevarán a la concentración en la explanada del Palacio de Congresos, que esperan “masiva”, han destacado la exigencia al Consejo de la Unión Europea para que no ratifique la renovación del acuerdo comercial de asociación con Marruecos prevista para finales de la primavera de 2010, así como el rechazo a la “ampliación de los contingentes actuales para las importaciones hortofrutícolas” desde el reino vecino.

El contingente de importación de tomates pasaría de las 185.000 toneladas actuales a 250.000 en 2013, lo que va a suponer un aumento del “estado de competencia desleal” en el que se encuentra el sector primario, según Chica, y una “merma de las cuentas de resultados” de los agricultores que repercutirán en las cifras de desempleo.

Con una desprotección creciente, han denunciado las organizaciones agrarias, el horizonte para 2013 es que se produzca un “vacío” en la regulación de un sector que, vaticinan los agricultores, caerá “en manos de las multinacionales”.

A este escenario han sumado las negociaciones que la Unión Europea está llevando a cabo actualmente con Israel y Egipto en aras de conseguir acuerdos de liberalización en la comercialización de productos agrícolas con estos países.

A este respecto, ASAJA, COAG y UPA han reclamado “la inclusión de cláusulas laborales, sociales y medioambientales” que afecten a los terceros países con los que se firmen acuerdos comerciales.

También han exigido “medidas compensatorias para los productores españoles” y han rechazado la liberalización de productos que “quedarían sin protección alguna como el pimiento, la naranja, la sandía y el melón” así como establecer una política normativa diferenciada para el tomate cherry granadino.

Tras la visita de los inspectores de la Junta de Andalucía, la cadena de distribución ha optado por retirar el producto en cuestión.

Madrid, 15 de febrero de 2010. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado ante los servicios de Consumo de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía a la cadena de distribución ALCAMPO por etiquetar aceite de oliva refinado mezclado con aceite de oliva virgen como “virgen extra”. Tras la visita de los inspectores de la Junta, Alcampo ha optado por retirar el producto. Fuentes de la investigación han confirmado a COAG que las muestras recogidas se analizarán en los próximos días en el laboratorio de referencia de Andalucía Oriental de Granada para determinar la calidad del aceite. Se podrá conocer entonces qué contenido tienen estos envases que se están comercializando, es decir, si se está vendiendo aceite refinado mezclado con aceite de oliva virgen al precio de un virgen extra, lo que constituiría un fraude al consumidor; o bien si se está vendiendo virgen extra con un etiquetado erróneo de aceite refinado, utilizando el aceite como gancho comercial.  Por el momento, este aceite ha entrado en la Red de Alertas de Consumo.

Representantes de COAG en Jaén detectaron el pasado jueves, 11 de febrero, en el hipermercado de la localidad jienense de Linares, garrafas de 3 y 5 litros de la marca Auchan, (marca blanca de Alcampo),  etiquetadas bajo la denominación “aceite de oliva virgen extra”, cuando, tal y como se detallaba en la misma etiqueta,  en un cuerpo de letra mucho menor,  la información relativa al contenido  decía “aceite que contiene exclusivamente aceites de oliva que se hayan sometido a un tratamiento de refinado y de aceites obtenidos directamente de aceitunas», denominación reservada por la normativa comunitaria al aceite de oliva refinado con el aceite de oliva virgen.

Tal y como ha reflejado COAG en su denuncia, el aceite puesto a la venta por Alcampo infringe el reglamento 1019/2002 de 13 de junio de 2002 de la Comisión Europea sobre normas de comercialización del aceite de oliva. En su artículo 3, dicha normativa recoge que el etiquetado del aceite de oliva envasado deberá recoger para la categoría “aceite de oliva virgen extra” la información “aceite de oliva de categoría superior obtenido directamente de aceitunas y sólo mediante procedimientos mecánicos”. Por su parte, indica que el  aceite de oliva -contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceites de oliva vírgenes- debe indicar que es «aceite que contiene exclusivamente aceites de oliva que se hayan sometido a un tratamiento de refinado y de aceites obtenidos directamente de aceitunas»;

COAG insta a la Administración a extremar sus controles para impedir que productos etiquetados de forma incorrecta puedan llegar fácilmente a los lineales. “Es labor de las autoridades competentes velar por el interés del consumidor y vigilar cualquier tipo de fraude que pueda menoscabar su libertad de elección”, ha apuntado el responsable del sector del aceite de oliva, Gregorio López.

- La apicultura profesional de nuestro país es la que mayor peso productivo y cabaña tiene de toda la UE, con una producción de 30 millones de Kg de miel y 1,5 millones de polen de acreditada calidad y reconocido prestigio internacional.

- COAG lamenta que el dinero público se utilice para denostar la imagen de nuestra apicultura con estudios simplistas y carentes de rigor y por ello pide la retirada de esta publicación.

Madrid, 12 de febrero 2010. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) muestra su asombro y perplejidad ante las “gratuitas descalificaciones” que se vierten contra los apicultores españoles en el manual sobre “Buenas Prácticas en Producción Ecológica: Apicultura”, editado recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, (MARM). En el contenido del mismo, se pone en duda de forma reiterada la profesionalidad de nuestros apicultores, obviando que la apicultura profesional de nuestro país es la que mayor peso productivo y cabaña tiene de toda la UE, (2,5 millones de colmenas), con una producción de 30 millones de Kg de miel y 1,5 millones de polen de acreditada calidad y reconocido prestigio internacional.

Entra otras, el estudio recoge “perlas” del calado de:

- “….la desprofesionalización del sector y sus carencias estructurales y tecnológicas explican parte de la crisis que actualmente atraviesa….”,
- “…la productividad es de 2 a 4 veces inferior a la registrada en países como Venezuela o Argentina (…). Estos resultados son reflejo del déficit tecnológico del sector: colmenas horizontales de difícil manejo, prácticas de extracción obsoletas, falta de mecanización en la trashumancia y ausencia de asesoramiento técnico, entre otros…”,
- “…las explotaciones están ancladas en el pasado…”,
- “…Es necesario promover una revolución tecnológica que saque al sector del pasado, especialmente facilitando la sustitución de las colmenas de corcho y similares que son las más utilizadas…”,

Estas afirmaciones dejan en muy mal lugar a los autores de este trabajo que, a todos los efectos, demuestran desconocer la realidad de las explotaciones apícolas de nuestro país, y, particularmente, a quienes desde el MARM han permitido su publicación sin contar con la opinión y participación del propio sector apícola y las organizaciones agrarias representativas, que vienen trabajando activamente con la Subdirección General de Productos Ganaderos para la puesta en marcha y desarrollo de los Programas Nacionales Apícolas durante los últimos 12 años.

Además, llama la atención que este manual plantee como una alternativa de futuro el subsector apícola ecológico nacional, configurado según dicho estudio por 131 explotaciones que representan el 0,56 % del total nacional y 28.315 colmenas que suponen el 1,16 % del total de la cabaña apícola, cuando reconoce, por ejemplo, que el 74% de la producción de miel ecológica de estas pocas explotaciones se vende por el canal convencional, no ecológico.

Una cuestión clave para la apicultura ecológica son los problemas sanitarios y más concretamente la lucha contra Varroa destructor. Curiosamente, los autores no aportan ningún tipo de valoración o dato al respecto y lo tocan de forma muy tangencial al presentarlo como uno de los últimos problemas que afectan a este tipo de explotaciones apícolas.

COAG lamenta que el dinero público se utilice para denostar la imagen de nuestra apicultura con estudios simplistas y carentes de rigor. Ante ello, se ha pedido por carta al Ministerio la retirada de esta publicación. “Lejos de ayudar a avanzar en la vertebración del sector y a la mejora de la comercialización de los productos apícolas, se profundiza en la descalificación injustificada de un sector cuyo máximo valor, además de obtener mieles y polen de excelente calidad, es la de garantizar a la sociedad un servicio medioambiental de primera magnitud al facilitar el mantenimiento de la biodiversidad mediante la polinización que realizan las abejas”, ha apostillado José Luís González, responsable del sector apícola de COAG.

La petición se justifica por la gran perturbación que está sufriendo el mercado con precios en salida de almazara que se sitúan en torno a los 2 €/kg, muy por debajo de los costes de producción tal como se desprende del estudio de la cadena de valor del sector Aceite de Oliva realizado por el Observatorio de precios del MARM. Este estudio pone de manifiesto que los costes acumulados de Aceite de Oliva a la salida de almazara oscila entre una horquilla de 1,535 €/kg y 4,066 €/kg siendo la media ponderada de 2,491 €/kg. Por tanto, los precios de mercado están un 20% por debajo de los costes de producción.

La situación de desequilibrio de mercado actual es muy similar a la que había por estas fechas en la pasada campaña y que sólo se corrigió con la apertura de este mecanismo. Sin embargo, el mecanismo se activó muy tarde, en el mes de junio, cuando la mayor parte de la producción había sido ya vendida, lo que ocasionó pérdidas económicas considerables al sector productor del olivar.

No podemos repetir los errores de la pasada campaña. Por ello, instamos a la Administración española a que solicite de manera inminente a la Comisión la puesta en marcha de este mecanismo, que concede una ayuda a operadores económicos del sector del aceite de oliva a cambio de que inmovilicen de manera voluntaria un volumen y durante un período de tiempo previamente determinados.

En esta Mesa se abordan las solicitudes de las Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias planteadas en las últimas reuniones.

El Subsecretario de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Santiago Menéndez de Luarca, ha presidido hoy la reunión de la Mesa sobre asuntos fiscales y tributarios en la que ha participado el Director General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda, Jesús Gascón, y representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias (ASAJA, COAG y UPA) y de Cooperativas Agro-alimentarias.

Con carácter previo se había celebrado, el día 17 de diciembre, una reunión de trabajo en la que estuvieron presentes estas mismas organizaciones y representantes del Ministerio de Economía y Hacienda, en la que se establecieron las posibles líneas de actuación en el ámbito de la fiscalidad agraria.

Se han valorado por parte de los representantes del sector las medidas de reducción de la presión fiscal sobre los agricultores y ganaderos en el método de estimación objetiva del IRPF, establecidas en la Orden EHA/99/2010, de 28 de enero, por la que se aumenta, para 2009 y 2010, a un 5% la reducción del rendimiento neto calculado, y se rebajan, también para 2009 y 2010, los índices de rendimiento neto de uva de mesa, flores y plantas ornamentales y tabaco.

Otras cuestiones abordadas en la reunión han sido la subida en un punto del porcentaje de compensación del IVA en el Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y la Pesca, y la devolución, con carácter permanente, del Impuesto Especial de Hidrocarburos en el gasóleo agrícola. Ambas medidas, de una gran repercusión económica para el sector, se han recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010.

A lo largo de la reunión se han abordado, entre otros aspectos, distintas alternativas que permitan alcanzar un marco fiscal adecuado para el sector agrario, dentro de los márgenes de actuación establecidos por la Unión Europea.

En el transcurso de la sesión se ha puesto de manifiesto la voluntad de colaboración por parte de las Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias y los representantes de la Administración presentes en la misma.

La reunión de hoy se enmarca en la iniciativa propuesta por el MARM durante la reunión mantenida con las OPAS y Cooperativas Agro-alimentarias en el mes de noviembre de 2009, para la creación de seis Mesas de Trabajo en las que profundizar sobre aspectos relevantes para el sector como la financiación, la fiscalidad, los biocombustibles, la política agroalimentaria y de competencia, el futuro de la PAC y la concentración cooperativa.

La menor capacidad contributiva del sector, (el PIB por ocupado de la rama agraria es el 60% del PIB medio total), un periodo de cotización medio más elevado,  (entre 40-45 años), unas pensiones un 44% más bajas que el resto y el esfuerzo físico que requiere la labor agraria, justifican esta petición.

Madrid, 5 de febrero 2010. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) solicita al Gobierno que tenga en cuenta las especiales características del sector agrario a la hora de abordar cualquier modificación en el sistema de pensiones y en la edad legal de jubilación. La menor capacidad contributiva del sector, (el PIB por ocupado de la rama agraria es el 60% del PIB medio total), una cotización media de 40-45 años, y sin embargo unas pensiones un 44% por debajo de la media (518 euros/mes frente a 919 euros/mes del Régimen General ), y el esfuerzo físico que requiere la labor agraria, justifican esta petición.

En este sentido, desde COAG se considera injusta e inapropiada la propuesta del Gobierno para retrasar la edad de jubilación a los 67 años puesto que supondría un recorte mucho mayor de los derechos sociales para los hombres y mujeres del campo. “El Ejecutivo tiene que garantizar una protección social adecuada a los trabajadores en función de sus necesidades. Los  agricultores y ganaderos llegan con muchas dificultades a la edad de jubilación actual, debido a la dureza de las actividades en el campo y las dificultades económicas en el sector.”, ha apuntado Andoni García, responsable de Relaciones Laborales de COAG, a lo que ha añadido que, “además, los agricultores y ganaderos no se jubilan actualmente hasta alcanzar los 65 años (frente a una media general en torno a los 62 años), y en muchos casos los hacen por encima de esa edad”.

No obstante, esta organización considera necesario un amplio consenso para abordar reformas de este calado y un marco de diálogo previo con las organizaciones profesionales agrarias.

Así se hará saber durante la próxima reunión de la Mesa de Fiscalidad, prevista para el 9 de febrero, en la que se reclamará un IVA reducido para los insumos agrarios y las tarifas eléctricas de riego y el incremento del IVA compensatorio para el sector ganadero, entre otras cuestiones.

Madrid, 4 de febrero 2010. ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas agro-alimentarias reclaman al Gobierno que impulse la negociación sobre la crisis agraria para aprobar de forma urgente medidas que rescaten al campo de la grave crisis en la que se encuentra inmerso.

De manera particular, las OPA y cooperativas quieren mostrar su malestar por los escasos avances en materia fiscal, que están a “años luz” de los planteamientos y verdaderas necesidades del sector. La “tímida” reducción de los módulos del IRPF publicada el pasado 30 de enero en el BOE* así lo confirma, en la que no se entiende por qué el Ministerio de Economía y Hacienda tan sólo ha aprobado una reducción permanente de los módulos del IRPF para los subsectores de uva de mesa, (del 42% al 32%), de flor cortada y plantas ornamentales, (del 37% anterior, al 32% actual) y tabaco (del 42% al 32%), y no para los otros nueve que también se habían solicitado: olivar, algodón, fruta de hueso, uva de vinificación, cereales, patata, y bovino, caprino y ovino de leche.

En la próxima reunión de la Mesa de Fiscalidad, prevista para el 9 de febrero, las organizaciones agrarias y cooperativas reiterarán estas peticiones al mismo tiempo que reclamarán la aplicación del IVA reducido para los insumos agrarios y las tarifas eléctricas de riego, (compromiso de la Agencia Tributaria con las organizaciones agrarias que ha caído en el olvido) y el incremento del IVA compensatorio en el sector ganadero, (del 8,5% al 10%), para igualarlo con el agrícola. Asimismo, se solicitará la prórroga de las deducciones fiscales por consumo de gasóleo, fertilizantes y plásticos, etc… durante los ejercicios fiscales 2010 y 2011 y la desgravación de la prima pagada por la contratación de un seguro agrario en el cálculo de la declaración de renta final.

La nota positiva en este proceso es la firme unidad de acción de todo el sector en torno a unas reivindicaciones que llevaron a centenares de miles de hombres y mujeres del campo a manifestarse el 20 y el 21 de noviembre de 2009. Las organizaciones agrarias esperan que el Gobierno tenga la suficiente sensibilidad para atenderlas debidamente en tiempo y forma.

El secretario provincial de COAG, Andrés Góngora, viajó el pasado viernes a Bruselas para participar en el Comité Consultivo de Frutas y Hortalizas de la Comisión Europea en calidad de responsable estatal del sector. En dicho encuentro, los dirigentes comunitarios reconocieron la existencia de problemas con las exportaciones de Marruecos durante el pasado año.

Desde COAG se han solicitado ayudas compensatorias para el sector productor español que palien los daños ocasionados por este hecho así como por la firma de un nuevo acuerdo con el Reino alauita perjudicial para los intereses de nuestros agricultores. En este sentido, COAG tiene previsto impulsar un ‘lobby’ agrario nacional para hacer que el Ministerio y los europarlamentarios españoles defiendan ante la Unión Europea las reivindicaciones del campo.

Según ha podido constatar COAG, el rechazo al nuevo acuerdo con Marruecos es unánime dentro del comité consultivo de Frutas y Hortalizas. COAG demanda, asimismo, el establecimiento de los certificados de exportación, para un control efectivo de la entrada de hortalizas procedentes de terceros países, y la puesta en marcha de sanciones a los Estados Miembros que descuiden sus fronteras. A juicio de esta organización agraria, no es de rigor que la Comisión Europea se desentienda en este asunto, por lo que le ha exigido que no ratifique el acuerdo con Marruecos –ni ningún otro país tercero– hasta que no se garantice un control exhaustivo de las importaciones. Según dieron a conocer en la reunión del viernes fuentes comunitarias, el acuerdo con el país norteafricano no sería ratificado en ningún caso antes de 2011. Esto significa que no entraría en vigor ni ésta ni la próxima campaña agrícola.

“Esto significa que España y el resto de países mediterráneos disponen aún de tiempo suficiente para garantizar un control efectivo de las importaciones de frutas y hortalizas. Por esta razón vamos a impulsar un ‘lobby’ agrario, dentro de la unidad de acción desarrollada a nivel nacional, cuya principal misión será asegurarse que el Ministerio y los europarlamentarios españoles defienden nuestros intereses en Bruselas”, comenta Andrés Góngora.

Sin embargo, desde COAG se ha alertado de que el gran peligro del nuevo acuerdo es que Marruecos podría aumentar su producción sin ningún tipo de limitación para las hortalizas cuyo comercio ha sido totalmente liberalizado –caso de pimiento, berenjena, melón, sandía y judía–, con el grave perjuicio que ello ocasionaría a los agricultores almerienses.

Unas existencias por debajo de la media de las últimas cuatro campañas, la mejora de la comercialización y una cosecha menor por los daños del temporal, hacen totalmente inexplicable la caída de las cotizaciones.

Madrid, 1 de febrero 2010. Ante unos precios que nuevamente están por debajo de costes (2,09 €/Kg frente a 2,40€/Kg de coste),  la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) solicita a la Unión Europea la activación inmediata del almacenamiento privado de aceite de oliva. “El sector no puede soportar otra campaña desastrosa en la que la activación del único mecanismo de intervención se pone en marcha cuando la práctica totalidad del aceite ya se ha vendido, como ocurrió en la pasada campaña”, ha señalado Gregorio López, responsable del sector del olivar de COAG.

Asimismo, la organización agraria sostiene que es necesario modificar este sistema con mayor profundidad y establecer la activación automática del mismo, en el momento en el que los precios no reflejen la realidad del mercado en cuanto a oferta y demanda, tal y como sucede en estos momentos: según los últimos datos de campaña hechos públicos por la Agencia para el Aceite de Oliva, la producción de aceite hasta el 31 de diciembre se ha situado en las 398.500 tn, la cifra más baja de las cinco últimas campañas. Este hecho sumado al incremento de la comercialización total (mercado interior aparente más exportaciones) respecto a campañas anteriores y a pesar del aumento en las importaciones, sitúa el nivel de existencias en 429.200 tn, un 16% por debajo de la media de las cuatro campañas anteriores.

Con este balance de mercado, al que hay que sumar la previsible reducción de entre el 15-20% de  producción final de aceituna respecto a las previsiones iniciales debido a los daños por el temporal de las últimas semanas, COAG muestra su gran preocupación sobre los niveles de precios que se dan en la actualidad y que son absolutamente insuficientes para hacer rentable el olivar.

Esta situación no se produciría si los niveles de activación del sistema de almacenamiento privado se encontraran en valores adecuados. “Es imprescindible actualizar los precios de desencadenamiento y situarlos en valores acordes con los costes de producción actuales, puesto que los niveles fijados actualmente se establecieron en 1998 en valores que ya de por sí eran muy bajos por aquellas fechas, y han permanecido invariados desde entonces, situándose muy por debajo de la rentabilidad media del cultivo”, ha argumentado el responsable del sector de COAG.